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CNTE marchó hoy en CDMX en contra de Reforma educativa de AMLO: Su objetivo, el Control de plazas y del presupuesto.

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador, que pretende derogar la de Peña Nieto. Pese a la insistencia del Ejecutivo y de los legisladores en que ya no se trata de una ley punitiva, los profesores de la Sección 22 de Oaxaca bloquearon varias veces la Cámara de Diputados y presionaron para que el nuevo dictamen no se aprobara en el pleno. Al respecto, especialistas consultados por Proceso señalan que la resistencia de la CNTE se debe a que esta organización le disputa al gobierno federal el manejo de las plazas y el presupuesto, es decir, el control real del aparato educativo.  

Al cabo de tres intentos de aprobación de la reforma educativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cuarta ocasión las comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen que no satisfizo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), principalmente a la Sección 22 de Oaxaca. 

La discusión de fondo, sin embargo, no es el proyecto educativo, sino el control de las plazas y el manejo de los recursos millonarios que se obtienen de la federación y de los gobiernos estatales. Esto es, el pleito por el control del aparato educativo.

“Otra vez cayeron en la trampa de 2013. Lo que se está disputando es la rectoría en la educación, si se queda en manos del sindicato o del Estado; esto es en última instancia lo que está en la disputa”, señala el investigador Roberto Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 

El también catedrático, doctor en sociología por El Colegio de México, explica que el punto álgido de la discusión con la disidencia magisterial es la parte laboral y el control de las plazas, igual que hace seis años ocurrió con la reforma educativa propuesta por Enrique Peña Nieto.

De hecho, ambos asuntos fueron abordados en dos días seguidos por el presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras. “No queremos venta de plazas ni trafiques con la nómina. Eso no, corrupción no. No se permite a nadie, aunque sean los más radicales o extremistas de izquierda o derecha”, dijo en referencia a las manifestaciones de la CNTE encabezadas por la Sección 22 de Oaxaca.

En ambos casos, la llamada reforma educativa y la actual ley que pretende derogarla, se aludió a la venta de plazas docentes hasta en 20 mil pesos y manejar miles de millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone), antes denominado Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), que el año pasado tuvo un presupuesto de 363 mil 402 millones 157 mil 537 pesos.

Creado desde 1998 el FAEB sirve para pagar el sueldo de 80% de los trabajadores del sistema público de educación básica y normal, que consta de 1 millón 750 mil 292 plazas ocupadas por 956 mil 282 personas.

La presencia permanente de la Sección 22 de Oaxaca en las manifestaciones en la Cámara de Diputados se debe a que es la única de las 62 del país que tiene el contrato de las plazas, por lo cual le afectan directamente las modificaciones en el dictamen aprobado en comisiones legislativas el miércoles 27.

Rodríguez explica: “La Sección 22 es titular del contrato de las condiciones generales de trabajo correspondientes al estado. Puede designar a sus miembros en las comisiones mixtas, que es donde la CNTE pacta con el gobierno de la entidad todo el paquete de prestaciones. En el caso de Oaxaca es donde más le conviene a la coordinadora negociar las modificaciones del artículo 123 B y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que es la reglamentaria. Beneficiaría principalmente a los maestros de esa entidad”.

–¿Ahorita cómo está en el dictamen? ¿Les afecta? 

–Sí y al mismo tiempo no. El artículo 123 B de la Constitución y su ley reglamentaria sigue siendo la norma general para todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo propiamente dichas: jubilaciones, pensiones y acceso a créditos, entre otros. Ellos no perdieron esa condición, pero lo que tiene que ver con ingreso, promoción y permanencia, que están en la Ley del Servicio Profesional Docente, no las tienen y por eso han planteado que se elimine o que no pongan otra igual. 

“Ese es el punto; quieren que se vuelva a los tiempos de Elba Esther Gordillo, cuando no tenían una manera de regular el ingreso, promoción y permanencia con base en méritos académicos. En este punto de la crisis, hay quienes dicen que hay que ver otras cosas, como que cada estado tenga su propio modelo educativo, pero la disputa en la actualidad tiene que ver con el control de la administración educativa.”

Eso, insiste el investigador, “se traduce en manejo de recursos financieros y plazas, sobre todo estas últimas. Es decir, la decisión de quiénes pueden ingresar al servicio educativo, si directamente los egresados de las normales o si va a ser por un concurso. Los de la CNTE prefieren que sea directamente, como funcionó en el sexenio pasado”.

Información de Proceso (apro)

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